El moche obligatorio: Nuestro segundo IVA
DINERO EN LA MESA
Por: Clara Iturbide Salcedo
El moche obligatorio: Nuestro segundo IVA
Si usted cree que el impuesto más caro de este país es el que le retiene Hacienda, lamento arruinarle el café de la mañana. El verdadero lastre nacional no viene con sello del SAT, sino con un «ayúdeme para ayudarlo». Según los datos más recientes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la corrupción nos cuesta a los mexicanos un promedio de 3 mil 500 pesos anuales por persona. Para ponerlo en perspectiva ciudadana: cada habitante de este país le regala al año a la opacidad el equivalente a casi tres meses de gasolinera o una quincena entera de despensa familiar. Eso sin contar el cálculo global de organismos como el INEGI y cámaras empresariales, que sitúan el costo total de este «chistecito» en una sangría de hasta el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, más de 500 mil millones de pesos anuales tirados al caño del influyentismo.
El cementerio laboral de las mordidas
Mientras el discurso oficial insiste en que las cifras de empleo se defienden con uñas y dientes, la realidad laboral mexicana acaba de registrar un doloroso tropezón. Las cifras del INEGI para el primer trimestre de 2026 revelan una pérdida de 227 mil 155 puestos de trabajo, empujando a miles de personas a las filas del subempleo o al comercio por cuenta propia. ¿Qué tiene que ver la corrupción en este entierro? Todo. Cuando una empresa tiene que decidir entre pagar el seguro social de tres empleados nuevos o financiar el moche exigido por un inspector municipal para no clausurar la bodega por un trámite inexistente, el empleo formal siempre pierde. La corrupción actúa como un repelente de inversión: ahuyenta los capitales que generan puestos estables y los sustituye por la precariedad de la informalidad.
Asfixia en la caja: ¿Por qué no hay dinero?
Pasemos al drama de las persianas cerradas. Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) en México enfrentan un enemigo silencioso pero letal: la falta absoluta de liquidez. Reportes financieros vigentes al arranque de 2026 confirman que la asfixia de efectivo sigue siendo la principal causa de muerte de los negocios en el país. El Banco de México señala que cerca del 47% de los empresarios prefiere huirle a los créditos bancarios debido a las elevadas tasas de interés institucionales. Con un financiamiento privado prohibitivo, las empresas dependen exclusivamente de su flujo de caja diario para sobrevivir. Si a esa raquítica caja le sumamos el costo de los sobornos obligatorios para operar, el resultado es matemática pura: las PyMEs se quedan sin saldo para comprar materia prima, pagar nóminas o actualizar su tecnología.
El precio de la opacidad institucional
Lo verdaderamente cínico del asunto es la respuesta gubernamental. Mientras los presupuestos destinados a fiscalizar y castigar el desvío de fondos sufren recortes o se diluyen en reestructuraciones burocráticas —dejando a dependencias clave como la Auditoría Superior de la Federación o las fiscalías anticorrupción con márgenes de maniobra ridículos—, el costo social lo absorbe el ciudadano de a pie. La corrupción en los trámites gubernamentales básicos no solo le quita competitividad al emprendedor; desvía recursos multimillonarios que bien podrían estar financiando infraestructura, salud o créditos blandos de desarrollo. Al final del día, el dinero que debería estar aceitando la maquinaria económica del país termina aceitando los bolsillos de unos cuantos. En México, la honestidad sigue siendo un lujo que muchas empresas simplemente ya no pueden facturar.
Etiquetas: corrupción en México, costo de la corrupción, crisis empresarial., economía mexicana 2026, falta de liquidez PyMEs, finanzas públicas, pérdida de empleos INEGI, trámites gubernamentales