Por Juan Pablo Ojeda
La discusión sobre la reforma judicial en México ya cruzó fronteras. El gobierno de Donald Trump encendió alertas al señalar posibles impactos en la inversión extranjera y en la estabilidad del sistema de justicia, colocando el tema en el centro de la relación bilateral.
Desde Washington, el subsecretario Michael Kozak planteó una preocupación concreta: que el nuevo esquema, que contempla la elección de jueces, podría abrir la puerta a perfiles sin la independencia necesaria o incluso con vínculos indebidos. El señalamiento no es menor, pues toca uno de los pilares que más observan los inversionistas: la certeza jurídica.
El funcionario dejó claro que Estados Unidos no rechaza de entrada el modelo —ya que en algunas entidades de ese país también se eligen jueces—, pero sí insiste en un punto clave: los perfiles deben ser técnicamente sólidos e independientes de presiones políticas, económicas o criminales.
El trasfondo es estratégico. Para Washington, la solidez del Poder Judicial en México no solo impacta en el clima de negocios, sino también en la cooperación en seguridad, especialmente en el combate al crimen organizado. Bajo esa lógica, cualquier señal de debilidad institucional se traduce en riesgos compartidos.
A la par, Estados Unidos también puso sobre la mesa otro tema sensible: el nivel de gasto en seguridad. Kozak señaló que México destina menos del 1% de su PIB a este rubro, lo que, desde su perspectiva, resulta insuficiente frente al tamaño del desafío que representan los grupos criminales en la región.
En México, la reforma judicial ha intentado responder a estas críticas con ajustes que buscan endurecer los filtros de selección, incluyendo la posibilidad de restablecer evaluaciones más estrictas para aspirantes a jueces. El objetivo es evitar perfiles no aptos y mantener la confianza tanto interna como externa.
Lo que queda claro es que la reforma ya no es solo un debate interno. Se convirtió en un punto de observación internacional donde se cruzan intereses económicos, seguridad regional y el futuro institucional del país.
