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¿Cómo se elige al nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR) según la Constitución?

27 de noviembre de 2025 · Redacción Cronista Nacional

Ante  la renuncia de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General, conviene repasar cómo marca la ley el camino para elegir a quien lo reemplace. El proceso está claramente delineado en la Constitución, en la ley que regula la FGR y en normativas internas.

 

El marco legal que regula el nombramiento

 

¿Cómo se activa el proceso si hay renuncia o ausencia?

  1. Renuncia o ausencia definitiva: la persona en el cargo puede renunciar o, en casos graves, ser removida. Esa renuncia debe presentarse formalmente al Senado.

  2. Aceptación de la renuncia por el Senado: la salida no es automática. Para que proceda, el Senado debe aprobarla —especialmente si existe la figura de “causa grave”.

  3. Suplencia provisional interna: mientras se designa al nuevo Fiscal, la ley prevé que alguien de la cúpula de la FGR asuma temporalmente el cargo para mantener operatividad.

  4. Senado elabora lista de aspirantes (mínimo 10) en un plazo determinado. Esa lista se envía al Ejecutivo.

  5. Presidencia forma la terna definitiva (o, en algunos escenarios, devuelve directamente la decisión al Senado).

  6. Senado realiza comparecencias y vota. Para nombrar al nuevo Fiscal general requiere mayoría calificada —frecuentemente 2/3 partes presentes.

  7. Nuevo titular designado: su periodo es por un lapso definido (actualmente 9 años), con los requisitos constitucionales y legales acreditados.

 

Importancia de la regulación: independencia y transparencia

Este procedimiento busca asegurar que la persona al frente de la FGR tenga la capacidad jurídica, experiencia, integridad y respaldo institucional necesarios para dirigir investigaciones importantes sin sesgos.

La necesidad de una mayoría calificada en el Senado garantiza un consenso amplio e impide nombramientos de ocasión únicamente por decisión del Ejecutivo.

Además, la suplencia provisional y los requisitos de trayectoria buscan asegurar continuidad operativa y confianza en la institución.

 

Qué se juega: estabilidad, autonomía y confianza ciudadana

 

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