El inventario de lo que no cabe en las dos cuartillas del senador Enrique Inzunza
Por Bruno Cortés
La carta de Enrique Inzunza Cázarez cabe en el siglo XIX. La biografía, no. Por eso el documento se entiende mejor por lo que deja fuera: dos cuartillas no alcanzan para Juárez y para el expediente al mismo tiempo. Hay que elegir. Él eligió a Juárez.
Empieza por lo más grosero. No aparece Rubén Rocha Moya. Ni el nombre. El patrón que lo sacó de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa y lo sentó, de 2021 a 2024, en la Secretaría General de Gobierno. El mismo Rocha que hoy anda a salto de mata con licencias, y que Estados Unidos puso en el mismo escrito. Borrar al jefe no es modestia. Es cirugía. Si Rocha entra al párrafo, la carta deja de ser un alegato de soberanía y se vuelve lo que es: la defensa de un grupo.
No aparecen Los Chapitos. Tampoco la lista de los diez. El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York deselló una acusación formal contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa —Rocha, Inzunza, el alcalde de Culiacán, fiscales, policías— por presunta conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, y por armas. Eso no es una sentencia. Es una imputación. Hay que repetirlo hasta que se seque el linchamiento: no está condenado. Pero una carta que habla de “una oficina” y de un “instrumento de lawfare”, sin nombrar el tribunal, los cargos ni a los coimputados, no está defendiendo la presunción de inocencia. Está desdibujando el objeto.
Luego llega la fórmula de los “cuatro meses”. Ahí el texto hace su mejor truco de prestidigitación. Dice: cuatro meses de calumnias y diatribas. Lo que no dice es lo que sí está en las listas de asistencia. Esos no fueron cuatro meses de un hombre acorralado en tribuna. Fueron, en lo sustancial, cuatro meses sin ir a trabajar al Senado y sin dejar de cobrar. Más de cien días de ausencia física. Una licencia de 22 horas en mayo —el tiempo justo para que el suplente apretara el botón de las reformas y el titular no soltara el fuero— y de vuelta al limbo. Dieta intacta. Comisión intacta, hasta hoy. El honor, en México, todavía viene con nómina.
Esa es la pieza que la carta no puede permitirse porque destartala el edificio moral. La persecución, si lo fuera, se denuncia desde el escaño. O se pide licencia y se pelea afuera, sin sueldo público. Lo que hizo Inzunza fue una tercera vía, muy criolla: ni tribuna ni renuncia. Desaparición pagada. Y ahora, al reaparecer sobre papel membretado, ni siquiera queda claro si el 1 de septiembre va a sentarse. Anunció que volvería. La bancada le cerró la puerta. Él se declaró independiente. Independiente de la disciplina, no de la quincena. El lector se queda con una pregunta vulgar y exacta: ¿cuándo, exactamente, piensa ir a trabajar?
No aparece la solicitud de detención provisional con fines de extradición. No aparece Claudia Sheinbaum diciendo, el día anterior, que el criterio de apartarse aplica a los diez y que cada quien tome su decisión frente al pueblo. La carta prefiere la niebla. Cuatro meses caben, si se les pone el adjetivo correcto. Los folios de asistencia, no.
No cabe Badiraguato. Lo menciono sin folklor de almanaque. Nacer ahí no es delito. Convertir el dato en tabú, sí es un síntoma. La geografía no condena; la omisión delata. Un senador que se cubre con la Reforma y no escribe el nombre de su municipio está pidiendo que el lector haga el trabajo sucio: o lo estigmatizan por el mapa, o lo absuelven por el mapa. Él no se ensucia con el topónimo.
No cabe el Poder Judicial que él mismo presidió. Dos veces magistrado presidente en Sinaloa. Esposa magistrada a partir de noviembre de 2021. Red familiar en tribunales locales mientras, ya en el Senado, ayudaba a tejer la reforma que iba a moralizar el nepotismo de los otros. El liberalismo de Ramírez y Zarco, en esta versión, se aplica hacia afuera. Hacia adentro hay parentesco y escalafón.
No cabe Ana Karina Aragón Cutiño. En 2018, siendo él presidente del Tribunal, una jueza lo denunció por acoso. Hubo desistimiento. Ella ha dicho después que el perdón legal no fue espontáneo. Rocha, en 2023, llegó a admitir en público que lo conocía como acosador y que por eso lo “protegió” cambiándolo de área, “donde hubiera puros machos”. Eso tampoco es una sentencia firme. Es un antecedente de poder sobre una subordinada. Una carta que invoca “prendas morales” y el “prístino afán” de Juárez no tiene espacio para una jueza, un PayPal y un Centro de Justicia. El honor, cuando se escribe con mayúscula, suele ser alérgico a los nombres propios de las mujeres.
No cabe Héctor Melesio Cuén. Las versiones que lo sitúan —a él y a Rocha— en la órbita del asesinato de 2024 y de una presunta reunión con Ismael “El Mayo” Zambada son eso: versiones, no verdicto. Precisamente por eso deberían entrar al inventario. Quien pide que se le juzgue solo por la Constitución no puede administrar qué sombras existen y cuáles se evaporan.
No cabe Ignacio Mier más que como sobre. El destinatario real no es el coordinador. Es Palacio, es Washington y es el votante de Sinaloa. A Morena le dice: yo me sacrifico para que no manchen el movimiento. A la fiscalía le dice: esto es política. Al elector le dice: ustedes me pusieron; yo no me muevo. El truco está en el párrafo del “mayor liderazgo moral y político de la nación”. Se declara fusible de la Presidenta. Es lealtad y es chantaje en la misma oración: si me tiran, tiran el relato de la soberanía.
Y no cabe, sobre todo, la frase que sí debió escribir y no escribió: pido licencia.
Esa ausencia es prima hermana de la otra. No ir al Senado cuatro meses y no pedir licencia son el mismo acto visto por dos ventanas. La licencia no es confesión. Es el único gesto que no prejuzga culpabilidad y sí deja de cargarle al erario la espera. Rocha la usó —a trompicones, dos veces—. Inzunza eligió otra mercancía: salir de la bancada, quedarse en el escaño, firmar con logo del Senado y citar a José María Iglesias. “Sobre la Constitución, nadie.” Cierto. El fuero no es la Constitución. El fuero es un privilegio para que al legislador no lo encarcelen por opinar. No es un toldo para cobrar sin asistir y teologizar desde Culiacán.
Hay que ser justos con lo que sí está. El timing de abril no es un invento. Subió a tribuna a denunciar la CIA en Chihuahua y a María Eugenia Campos; al día siguiente Nueva York deselló el paquete de Sinaloa. Un Estado que se siente retado puede abrir el archivero. Puede también haber tenido el archivero listo desde antes. Las dos cosas caben. Lo que no cabe es convertir la coincidencia en certificado de virginidad. Ni convertir la nómina en prueba de resistencia.
Lawfare existe. Washington lo practica. El Distrito Sur de Nueva York no es un convento. Testigos de cártel mienten por oficio y por descuento de condena. México no está obligado a extraditar por comunicado. Todo eso es verdad. Lo que también es verdad —y por eso no está en la carta— es que un senador puede ser inocente ante un juez y, al mismo tiempo, moroso ante la curul que juró. La inocencia no se acredita con inasistencia. El sueldo, menos.
Dos cuartillas dan para un brindis. No dan para un hombre. El género epistolar del honor mexicano siempre ha padecido esa claustrofobia: cabe el prócer, no cabe el expediente; cabe la patria, no cabe la lista de asistencia; cabe Altamirano, no cabe la jueza; caben los cuatro meses de agravio, no los cuatro meses de quincena. Cuando un texto de principios necesita tanto silencio para no descoserse, el silencio ya no es elocuencia. Es el argumento.
La calumnia, escribe Inzunza, cuando no mancha, tizna. También el membrete. También la cita de Juárez. También la independencia que no suelta el sueldo. También el misterio laboral que deja abierto el 1 de septiembre: ¿entra, o sigue cobrando en abstracto? El inventario sigue abierto. Lo que no cupo en la carta va a tener que caber, tarde o temprano, en un juzgado mexicano. O, más pronto y más vulgar, en el reloj checador del Senado. Ahí no hay epígrafes. Ahí o se está, o no se está.