Exfuncionario de Samuel García bajo proceso penal por presunta protección estatal
La detención de Héctor Viniegra Hernández, exdirector del Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León, pone bajo el escrutinio público los mecanismos de control, rendición de cuentas y presunta protección institucional dentro de la administración del gobernador Samuel García. La víctima del caso denunció formalmente que la estructura del Gobierno del Estado fue utilizada para retrasar las indagatorias y evadir la acción de la justicia.
De acuerdo con las declaraciones de la denunciante, Jesica V. Z., la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León extravió deliberadamente la carpeta de investigación inicial durante el periodo en que Viniegra Hernández ejercía sus funciones públicas. Este hecho impidió el avance del proceso penal y forzó la intervención de autoridades ministeriales de otra entidad federativa para ejecutar la captura.
Los registros oficiales detallan que la denunciante solicitó de manera formal múltiples audiencias tanto con el gobernador Samuel García como con el entonces secretario general de Gobierno, Javier Navarro. Ninguna de las dependencias estatales dio respuesta a las peticiones de auxilio institucional, manteniendo al funcionario en una posición de ventaja operativa y legal frente a las acusaciones de violación y violencia vicaria.
La posición jerárquica de Viniegra Hernández dentro del aparato de justicia del estado —encargado precisamente de coordinar la defensa legal de los ciudadanos— coincide temporalmente con la parálisis del caso en las instancias locales. La denunciante afirmó ante la autoridad judicial que el cargo del agresor propició una red de protección interna que bloqueó el acceso a las carpetas de investigación.
A pesar de las denuncias públicas y del inicio de los litigios familiares en la Ciudad de México, el implicado continuó participando activamente en eventos oficiales del Gobierno de Nuevo León durante el año pasado. Destaca su aparición en la presentación de los «Puntos Naranja», un programa público diseñado e impulsado por el ejecutivo estatal para brindar seguridad a mujeres en situación de riesgo.
La permanencia de Viniegra en actos gubernamentales de protección a la mujer, mientras contaba con acusaciones vigentes por violencia de género, evidencia fallas en los filtros de control de confianza de la administración estatal. Activistas anticorrupción señalan que este caso expone cómo el poder político puede ser utilizado como escudo frente a delitos del fuero común.
El traslado de Héctor Viniegra al Penal de Jaltocan La Lima en Hidalgo marca el inicio de una investigación que podría derivar en responsabilidades administrativas para los Ministerios Públicos de Nuevo León que retrasaron el expediente. La Fiscalía General de la República no ha confirmado si ejercerá la facultad de atracción ante las denuncias de obstrucción de la justicia a nivel estatal.
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