La propuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) para crear una ley general contra el feminicidio, con penas de hasta 70 años y reforma constitucional, revive una constante en la política criminal mexicana: endurecer sanciones sin resolver la ineficacia institucional.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso sobre la mesa una de las iniciativas más sensibles de su administración: una nueva Ley General para prevenir, investigar y castigar el feminicidio en todo el país. La propuesta no solo busca endurecer penas, sino cambiar de fondo cómo el Estado enfrenta este delito.
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En el Congreso mexicano hay propuestas que buscan cerrar vacíos legales que, en la práctica, dejan desprotegidas a muchas familias. Una de ellas es la que impulsa la diputada María Isidra de la Luz Rivas, quien plantea suspender la patria potestad a quienes sean vinculados a proceso por feminicidio o incluso por intento de este delito.
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La Ciudad de México se mantiene entre las entidades con mayor incidencia de feminicidio en lo que va de 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Más allá de las estadísticas, este delito deja una consecuencia profunda y muchas veces invisible: la orfandad de niñas, niños y adolescentes.
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En medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó el encendido del alumbrado conmemorativo en el Zócalo de la Ciudad de México, un acto simbólico que busca visibilizar la lucha histórica de las mujeres. Sin embargo, la ceremonia ocurre en un contexto donde la violencia de género continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales, lo que reabre el debate sobre la eficacia de las políticas públicas frente a los gestos simbólicos.
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Mientras en el plano internacional el presidente de Estados Unidos, Donald Trump prepara una reunión con aliados políticos latinoamericanos, en México el Senado avanza en una decisión con fuerte carga social: reconocer oficialmente el 9 de marzo como el Día Nacional Sin Nosotras.
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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los casos de Kimberly Joseline, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y de Rubí Gómez Tagle, madre buscadora asesinada en Sinaloa, son investigados oficialmente como feminicidios.
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Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, puso sobre la mesa un mensaje que, más allá del protocolo, tiene implicaciones directas en cómo se hacen las leyes y cómo se gasta el dinero público en México. Al inaugurar el “Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, dejó claro que mientras la violencia siga siendo visible y cotidiana, el Congreso está obligado a ajustar la ley y el presupuesto.
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El Poder Judicial de Michoacán confirmó la sentencia de 50 años de prisión contra Diego Urik, responsable del feminicidio de Jessica González Villaseñor, un caso que marcó a la sociedad michoacana y se convirtió en símbolo de la exigencia de justicia para las víctimas de violencia feminicida.
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Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó uno de los temas más sensibles de los últimos días: la muerte de varias mujeres que formaban parte de la Guardia Nacional. Durante su conferencia matutina, la mandataria dejó claro que no habrá carpetas cerradas a medias ni explicaciones a conveniencia, y que los casos deben revisarse a fondo.
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