En la conferencia de esta mañana y en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, lanzó un mensaje directo a las autoridades capitalinas y al Congreso de la Ciudad de México: es urgente revisar cómo se manejan y se resguardan los mantos acuíferos de la capital tras las recientes modificaciones a la nueva Ley General de Aguas.
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En San Lázaro la discusión sobre el agua no solo movió votos, también movió emociones. La Cámara de Diputados aprobó, ya en lo particular, el dictamen que crea la nueva Ley General de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales, un cambio que suena técnico pero que afecta desde los productores del campo hasta las familias que dependen de un sistema comunitario para recibir el líquido. La propuesta salió de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y de proyectos similares de diputadas y diputados de varios partidos, algo poco común en tiempos de pleitos legislativos.
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La discusión sobre la nueva Ley General de Aguas entró en su fase decisiva y, como suele pasar en el Congreso, la trama mezcla técnica, política y un jaloneo silencioso entre quienes quieren que las cosas cambien y quienes prefieren que todo siga igual. Desde el Senado, Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que lo que han visto hasta ahora del proyecto trabajado en la Cámara de Diputados “va bien” y que, en general, están conformes con cómo se integró el documento después de foros, consultas y revisiones que, aunque pocos lo notaron, duraron meses.
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En San Lázaro arrancó la mañana con una de esas decisiones que, aunque no suelen acaparar los reflectores, sí pegan directo en la vida diaria de la gente: el avance del nuevo marco legal del agua en México. La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Ley General de Aguas, junto con reformas a la Ley de Aguas Nacionales, un paquete que busca poner orden en un recurso que ya no alcanza para seguir improvisando.
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La historia del agua en México siempre ha sido complicada, pero estos días en San Lázaro se volvió un rompecabezas político que trae a todos pendientes: productores, legisladores y al propio gobierno federal. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, explicó que la Comisión de Recursos Hidráulicos está a punto de discutir el nuevo dictamen de la Ley General de Aguas con 50 modificaciones incorporadas, todas hechas a contrarreloj para atender las preocupaciones de quienes viven del campo. La idea es que el documento quede listo “temprano” para subirlo al Pleno si se requiere, aunque nadie se atreve a asegurar que ya esté completamente cerrado.
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En San Lázaro se armó una de esas discusiones donde, más allá de los tecnicismos, lo que está en juego es algo tan simple y tan profundo como abrir la llave y que salga agua. Diputadas y diputados del PAN, especialmente quienes integran la Comisión de Recursos Hidráulicos, levantaron la mano para advertir que la reforma a la Ley General de Aguas que impulsa el gobierno federal trae más remiendos que una chamarra vieja: más de 90 correcciones, y aun así —dicen— sigue generando más dudas que soluciones.
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La discusión sobre el agua volvió a encender los ánimos en San Lázaro. A pesar de que el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales ya suma 56 cambios para atender las exigencias de productores agrícolas, las bancadas del PRI y PAN anunciaron su rechazo total a la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
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