La propuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) para crear una ley general contra el feminicidio, con penas de hasta 70 años y reforma constitucional, revive una constante en la política criminal mexicana: endurecer sanciones sin resolver la ineficacia institucional.
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La reinserción social debe ser el objetivo central de todo sistema de justicia, afirmó Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, durante la premier de la serie “Sabores de Libertad”, realizada en la Cineteca Nacional de Chapultepec.
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La jueza de control Mariana Vieyra Valdés ordenó a la Fiscalía General de la República transparentar la carpeta de investigación relacionada con el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, integrante de la Secretaría de Marina, quien enfrenta acusaciones por presunto “huachicol fiscal”.
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En la política mexicana, pocas cosas pesan tanto como la palabra “fuero”. Y justo alrededor de eso gira la postura del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien afirmó que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial “hizo justicia” al inhabilitar al juez federal Juan Fernando Alvarado López por su actuación en casos relacionados con el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
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En la Cámara de Diputados se abrió una discusión que rara vez ocupa titulares, pero que influye directamente en cómo se investiga un delito y en si una víctima obtiene justicia o no. Durante el Primer Foro de Análisis y Prospectiva del Sistema Penal Acusatorio, especialistas coincidieron en que el principal problema del modelo de justicia penal en México no es su diseño, sino la forma en que ha sido sostenido: con pocos recursos, instituciones débiles y decisiones que cambian cada sexenio.
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El Órgano de Administración Judicial (OAJ), creado como una de las apuestas centrales de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, atraviesa su primer momento crítico apenas a cuatro meses de haber iniciado funciones. La renuncia de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo, aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada, marca la primera dimisión en la corta historia del organismo y prende focos de alerta sobre la solidez del nuevo modelo de administración del Poder Judicial.
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Como parte del reacomodo institucional en el arranque de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marcó este lunes el rumbo que seguirá la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que Alejandro Gertz Manero aceptó representar a México en una embajada, poniendo fin a un periodo polémico y prolongado al frente de la institución. Sheinbaum agradeció su labor y afirmó que su salida representa “el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva etapa” para la procuración de justicia.
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