En la discusión pública sobre el agua, pocas cosas pesan tanto como la sensación de que este recurso, que debería ser de todos, ha terminado en manos de quienes pueden pagarlo o explotarlo mejor. Por eso, cuando el diputado Óscar Iván Brito Zapata habla de la nueva Ley de Aguas como un “avance importante”, no lo hace desde la retórica, sino desde un contraste muy claro: la diferencia entre tratar el agua como mercancía—como lo hacía la ley de 1992—y tratarla como un derecho humano.
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