Por Juan Pablo Ojeda
La Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de la República acordaron compartir información estratégica para fortalecer la investigación de agresores de mujeres en México, como parte de una nueva etapa en el combate a la violencia por razones de género. El objetivo central es dejar atrás la visión de casos aislados y avanzar hacia un enfoque integral que permita identificar patrones, riesgos y posibles reincidencias.
El acuerdo establece la colaboración entre el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres y el Centro Federal de Inteligencia Criminal, lo que permitirá conocer si una persona señalada por violencia de género cuenta con antecedentes penales vinculados a otros delitos o denuncias previas. A esto se suma la conexión con el Banco Nacional de Datos Forenses, ampliando el alcance de la información disponible para las investigaciones.
Durante el encuentro, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, explicó que esta dependencia fue creada para articular la acción de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, con el propósito de prevenir, atender y erradicar las violencias contra las mujeres, además de impulsar la igualdad sustantiva. Subrayó que la estrategia se basa en una visión territorial y técnica, apoyada en datos, estadística y planeación, para acelerar la respuesta frente a la violencia estructural.
Como parte de los acuerdos, se contempla la capacitación y certificación del personal encargado de operar el BANAVIM, con la finalidad de garantizar la calidad de la información, evitar la duplicidad en la captura de datos y agilizar los procesos de investigación y protección de las víctimas.
Por su parte, la titular del Centro Federal de Inteligencia Criminal, Edna Patricia Cepeda Morales, ofreció la colaboración de la red de inteligencia de las 32 fiscalías del país, así como el uso de herramientas tecnológicas para reforzar el trabajo de la Secretaría de las Mujeres.
Este esfuerzo interinstitucional busca consolidar una procuración de justicia más eficaz, en la que la inteligencia, la planeación y la coordinación se pongan al servicio de los derechos de las mujeres y de una respuesta más oportuna del Estado frente a la violencia de género.
