Por Juan Pablo Ojeda
La primera gran aparición de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República no fue discreta. Al contrario, llegó con un acuerdo que puede cambiar la manera en que México entiende y rastrea la violencia: la aprobación, por parte de fiscalías de todo el país, del Registro Criminal de Armas de Fuego, un sistema que permitirá saber de dónde vienen, por dónde pasan y en qué delitos están involucradas las armas que circulan en territorio nacional.
El tema puede sonar técnico, pero su impacto es enorme. Tener trazabilidad real de armas significa darle dientes a las investigaciones penales y dejar atrás la fragmentación de información que por años debilitó la procuración de justicia. Este registro será el primer módulo del Sistema Informático Nacional Interoperable, una plataforma que busca poner en un mismo tablero la información clave de seguridad para todas las instituciones del país.
El funcionamiento recaerá en las Unidades de Análisis de Información de cada fiscalía, que deberán alimentar y compartir datos con la Agencia de Investigación Criminal. La lógica es simple: si todos ven la misma información y la actualizan, las investigaciones se vuelven más rápidas y los casos dejan menos espacio para la impunidad.
En la misma sesión, los fiscales revisaron el avance de reformas recientes en seguridad pública y acordaron aplicar de manera integral una nueva metodología para recopilar datos de homicidio doloso. El objetivo es que los reportes diarios de homicidio —una de las estadísticas más sensibles del país— sean completos, comparables y confiables. Para ello, se comprometieron a entregar información sólida al Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, con apoyo de la FGR y el Inegi.
Durante su mensaje, Ernestina Godoy habló de un propósito compartido: “erradicar la impunidad, fortalecer la investigación y avanzar en la judicialización”. Su tono fue claro: sin datos confiables y sin coordinación, cualquier intento de reformar la justicia queda a medias.
La presencia del encargado de negocios de Estados Unidos, Mark Coolidge Johnson, recordó que el combate al crimen organizado no conoce fronteras. Johnson subrayó que la única manera de desmantelar organizaciones criminales es con cooperación constante, capacitación y coordinación entre países. En un contexto donde las armas ilegales suelen cruzar de un lado a otro de la frontera, este registro nacional cobra aún más sentido.
Otro punto central fue la agenda de género. Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, presentó una propuesta para que las fiscalías estatales firmen convenios con el Gobierno federal que fortalezcan la protección de mujeres, niñas y adolescentes. Su planteamiento incluye incorporar a la Red de Abogadas de las Mujeres para acompañar casos sensibles, homologar delitos ligados a distintas formas de violencia, crear un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad y actualizar los modelos de atención de los Centros de Justicia para las Mujeres.
Hernández Mora fue directa: todavía hay mujeres que no denuncian por miedo o desconfianza. Para cambiarlo, dijo, se requieren garantías reales de protección, no solo discursos, especialmente en un país que vive un momento histórico con su primera presidenta comprometida con transformar la vida de las mujeres.
Al cierre, Godoy remarcó que la coordinación entre la CNPJ y la Secretaría de las Mujeres será clave para construir una procuración de justicia más humana, más eficiente y más cercana a las víctimas. Con el registro de armas como primer paso y una agenda de género más robusta, las fiscalías tienen sobre la mesa una ruta clara: trabajar juntas para que la justicia deje de ser un ideal y se convierta en resultado.
