Por Juan Pablo Ojeda
Las autoridades federales de Estados Unidos colocaron en licencia administrativa a los agentes que participaron en el tiroteo donde murió Alex Pretti, ciudadano estadounidense de 37 años, durante un operativo migratorio en Minneapolis. La medida, confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional, forma parte del protocolo regular tras el uso letal de la fuerza, mientras avanzan las investigaciones internas y legislativas.
De acuerdo con información entregada al Congreso, al menos dos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dispararon sus armas durante el incidente ocurrido el sábado pasado. El informe señala que los agentes forcejeaban con Pretti cuando uno de ellos alertó que supuestamente portaba un arma. Segundos después, dos oficiales abrieron fuego con armas de cargo, mientras el enfermero se encontraba en el suelo.
El documento oficial no precisa si ambos disparos impactaron directamente en la víctima, pero detalla que Pretti recibió cerca de diez disparos a corta distancia. Testimonios en video muestran que el arma que portaba legalmente fue retirada de su cintura cuando ya estaba inmovilizado, y que en ningún momento intentó empuñarla o disparar.
Los hechos ocurrieron cuando Pretti grababa con su teléfono un operativo migratorio y trató de auxiliar a una mujer que había sido empujada por uno de los agentes. Versiones iniciales del gobierno afirmaban que el enfermero se aproximó armado, pero el reporte enviado al Congreso no sostiene que intentara usar su arma, contradiciendo el primer comunicado oficial.
Las imágenes captadas por testigos han generado una fuerte reacción pública y desencadenaron protestas en diversas ciudades del país, reavivando el debate sobre el uso de fuerza letal por parte de autoridades federales en operativos migratorios lejos de la frontera.
La presión social y política ya tuvo consecuencias. El Gobierno federal decidió retirar del operativo en Minneapolis al comandante Gregory Bovino, responsable de la Patrulla Fronteriza en la zona, quien fue reasignado a su anterior puesto en California. Mientras tanto, el caso continúa bajo escrutinio del Congreso y de organismos de derechos civiles, en un contexto de creciente tensión por la política migratoria y el papel de las fuerzas federales dentro del territorio estadounidense.
