EU pidió a diez de Sinaloa; el escaño no se movió
El senador se declaró independiente y no soltó el asiento. Sinaloa, en el mismo trimestre, vio subir la pobreza laboral 3.7 puntos.
El 26 de agosto Enrique Inzunza Cázarez envió carta a Ignacio Mier: se sale de la bancada de Morena y sigue en el Senado “de manera independiente”. Rechazó pedir licencia. Perderá la presidencia de Estudios Legislativos. No pierde dieta ni fuero. Por primera vez, un senador señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de una red criminal se reincorpora al pleno sin grupo.
El origen está fechado. El 28 y 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa —Rocha Moya e Inzunza entre ellos— por presuntos vínculos con una facción identificada como Los Chapitos. Washington pidió detención provisional con fines de extradición. Los señalados niegan. Palacio Nacional exigió pruebas y habló de injerencia. Eso es el choque de relatos. No es sentencia mexicana.
Inzunza fue secretario de Gobierno de Rocha entre 2021 y 2024. En su carta se declara abogado de sí mismo y dice que no dará “elementos a la derecha” para golpear al movimiento. El coordinador Mier confirmó que la bancada le pidió licencia y que él dijo que no. El partido lo apartó para no cargar el desgaste. El escaño, no.
En Sinaloa el grupo se redistribuye. Interinato en manos de Graciela Domínguez, salida del gabinete de Rocha. Abanderada rumbo a 2027: Imelda Castro, compañera de fórmula senatorial con Rocha en 2018. Relación política documentada en spots y puntos de acuerdo. Relación política no es automáticamente responsabilidad penal. Confundir las dos cosas es rumor o tapadera.
Lo que sí se firma con Inegi: Sinaloa tuvo el mayor aumento estatal de pobreza laboral en un año, 3.7 puntos, de 24.6% a 28.3%. Coahuila +2.6. Michoacán +2.4. El país bajó de 35.1 a 31.9 en doce meses, pero subió de 30.7 a 31.9 entre el primer y el segundo trimestre. El estado que más ha pagado la guerra interna del cártel ahora suma canasta que no alcanza.
Ricardo Anaya ha exigido aplicar el tratado de extradición: 60 días de detención provisional para recibir pruebas. Es posición de oposición. El tratado existe. La decisión es del Ejecutivo y de un juez mexicano. Esta redacción no pide cárcel por columna. Pide que el Estado explique, con documentos, qué hizo con la nota verbal de abril.
Se ha escrito que Inzunza cobra sin ir. Eso se verifica en Gaceta y tesorería, no en recuadro. Hasta el folio, no se afirma como caja.
La nota de casa no es “ya se lavaron las manos”. Es el cruce: solicitud de Estados Unidos, fuero que no se suelta, grupo que se reacomoda e ingreso estatal que empeora. El sinaloense no vive en la carta. Vive en el recorte.
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