• TSJCDMX mantiene 400 audiencias mensuales por extorsión en la capital.
En el marco de la firma del Pacto contra la Extorsión y ante la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, subrayó que el combate a la extorsión exige coordinación institucional permanente y decisiones firmes del Estado.
Ante autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes del sector empresarial, comercio popular, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y sociedad civil, durante su intervención, señaló que la extorsión es uno de los delitos de alto impacto que más ha evolucionado en sus métodos y formas de presión, afectando no sólo el patrimonio de las personas, sino su libertad y su vida cotidiana mediante amenazas, chantajes y violencia psicológica.
El magistrado presidente destacó que el Poder Judicial capitalino enfrenta diariamente este fenómeno delictivo con resultados concretos: el Tribunal celebra en promedio 400 audiencias mensuales por extorsión, lo que representa cerca de 100 personas procesadas y en prisión cada mes por este delito.
Indicó además que, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la jefa de Gobierno Clara Brugada, se registran 4,800 audiencias anuales relacionadas con extorsión y alrededor de 1,200 personas en prisión vinculadas a este ilícito en la Ciudad de México.
Frente a representantes de la Fiscalía General de Justicia capitalina, instancias federales y medios de comunicación, Guerra Álvarez sostuvo que la respuesta institucional no puede limitarse al diagnóstico del problema, sino que requiere instrumentos legales, coordinación operativa y voluntad política sostenida.
Recordó que desde 2022 el Código Penal de la Ciudad de México fue reformado para fortalecer las sanciones contra este delito y reconocer como bienes jurídicos protegidos no sólo el patrimonio, sino también la libertad y la integridad de las personas, en concordancia con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
El titular del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, enfatizó que el combate a la extorsión no responde únicamente a la reducción de indicadores delictivos, sino a la defensa del derecho de las personas a vivir sin someterse a presiones criminales, al advertir que este delito afecta directamente la economía local, la convivencia social y la confianza en las comunidades.
